martes, 24 de febrero de 2015

Genocidio





Afirman algunos testigos que estaban presentes en el lugar, que Kluiverth Roa se encontraba escondido debajo de un vehículo cuando la Policía Regional de Táchira arremetió contra la protesta en San Cristóbal en la mañana de hoy, 24 de febrero de 2015; fecha que pasará a la historia como el debut de la doctrina Padrino para la represión de manifestaciones. El funcionario de la Policía de Táchira Javier Osías Mora Ortiz sacó por la fuerza al adolescente de 16 años de su escondite y luego le asestó un disparo de su arma de reglamento en la cabeza. El policía ejecutó a esa alma inocente que apenas salía de su infancia, a sangre fría, sin dudar, con absoluto desprecio por la vida humana, sin temor a las consecuencias.


Y es que no podía tener temor a ninguna consecuencia. Se sentía guapo y “apoyao”. Cuando jalaba el gatillo se sentía protegido por un Estado que se considera con derecho a autorizar la pena de muerte sin fórmula de juicio. De un Estado cuyos jerarcas, por alguna misteriosa razón, juran que pueden sustraerse del Derecho Penal Nacional e Internacional. Caricaturas de hombres que se sienten por encima de las leyes, la moral y los sentimientos humanos. Sociópatas y psicópatas agavillados contra un pueblo que piensan, contradiciendo toda analogía histórica, que son eternos en el ejercicio del poder y que jamás tendrán que enfrentar la justicia del hombre.


Nicolás, Diosdado y el general Padrino, en un ejercicio alevoso e inútil, pretenden brindarse y brindarle cobijo a los militares con la depravada, inconstitucional y nula Resolución 8610. Bien desde el delirio o la imbecilidad parecen creer que el disparatado instrumento le da sustento jurídico a la violación de Derechos Humanos. Se autorizan a sí mismos y a sus subordinados a matar a quienes, a juicio de cada soldado, constituyan una amenaza mortal en las protestas contra el régimen. Aunque es de mentes muy primitivas y estúpidas pensar que un documento como la 8610, de la más baja jerarquía legal, puede derogar la Constitución y los tratados internacionales acerca de delitos de lesa humanidad y Derechos Humanos, a los cuales se subordina, incluso, la misma Constitución; la mera promulgación de semejante monstruosidad les brinda a los funcionarios encargados de reprimir la tranquilidad mental y actitud psicológica necesarias para cometer los atroces crímenes como el del joven Roa, y los que próximamente veremos.


De la misma manera que las detenciones ilegales, los asesinatos de jóvenes previamente detenidos y desaparecidos, y las torturas, la ejecución sumaria de manifestantes e inocentes presentes en las cercanías de las protestas, persiguen disuadir a la sociedad –hoy opuesta en un 90% al régimen si las cifras de sondeos de hace más de un mes son ciertas y hoy no se han deteriorado aún más para el régimen- para que se abstenga de protestar y luchar.


Pero es extremadamente grave que las ejecuciones de la última semana correspondan a jóvenes estudiantes universitarios y de bachillerato. Es evidente que la orden a los esbirros, con seguridad emanada de la metrópolis cubana y sus agentes en el país, es socavar el espíritu de lucha del pueblo matando al sector más aguerrido de este: sus hijos. Es neutralizar a la disidencia.


Los asesinatos de jóvenes estudiantes, casi púberes, además de la intención ejemplarizante y disuasiva, claramente revela el odio del chavismo hacia Venezuela y su pueblo. Al asesinar a sus hijos también mata el futuro del país.


El Estado es la cabeza visible de una sociedad. Es su ente rector y regulador. Es el que mantiene su orden, funcionamiento y paz. Por lo tanto, siendo el Estado el órgano en el que el pueblo ha delegado su poder, es posible concluir que el homicidio sistemático de los hijos de la sociedad necesariamente es filicidio.

Un Estado dictatorial carece de legitimidad y representatividad, pues actúa en contra de la voluntad popular. En el caso de la dictadura Venezolana casi todo el pueblo se opone a su permanencia en el poder y a su pretensión de continuar implantando el fracasado, ruinoso, retardatario, criminal y perverso comunismo.


Además de carecer totalmente de legitimidad y representatividad, el Estado chavista ha traspuesto el colapso del Estado de Derecho; colapso que ocurrió, cuando menos, desde el año 2002, cuando comenzaron las violaciones abiertas de las libertades civiles. Presenciamos no solamente el colapso del Estado de Derecho, sino el colapso del propio Estado. Sus instituciones dejaron de serlo. Sus funciones fundamentales no las cumple. No sólo es  incapaz de garantizar el bienestar económico, un derecho humano inalienable, sino hasta el derecho a la vida de sus ciudadanos, pues no provee ni seguridad ciudadana ni servicios de salud adecuados. Contrariamente a sus obligaciones, promueve el malestar social y el caos. En otras palabras, el chavista es un no-Estado que impulsó el desorden y sumió a la sociedad en la absoluta anomia.


De modo que lo que alguna vez fue un Estado, es hoy la simple guarida de una banda de delincuentes de alta peligrosidad que han cometido toda clase de crímenes, desde delitos contra la Cosa Pública hasta delitos de lesa humanidad, incluyendo el narcotráfico, si damos por ciertas las informaciones que vemos en la prensa mundial; las que lejos de haber sido desmentidas contundentemente por los señalados, recibieron el comentario de estos: “no tienen pruebas, que presenten pruebas”. Es obligación del acusado desvirtuar las imputaciones.


Bajo la falsa sombra protectora de la disparatada, criminal y degenerada Resolución 8610 del Ministerio para la Defensa, el adefesio de carácter gangsteril, los funcionarios militares y, por extensión los policiales, hoy protagonizaron el debut de la Doctrina Padrino cuando el PRT Javier Osías Mora Ortiz ejecutó pública y sumariamente la sentencia de muerte instaurada en Venezuela con esa resolución, al dispararle despiadadamente en la cabeza a Yuiverth Roa. Este acto marca el comienzo del genocidio chavista en Venezuela.


No sé si tengan conciencia de ello. Tanto los encargados de apretar el gatillo como los capos de régimen, en especial, Nicolás, Diosdado, Vielma Mora y Padrino, acaban de adquirir sus boletos para un eventual viaje sin retorno para La Haya. Cometieron bajo la mirada de los lentes de las omnipresentes cámaras digitales un delito contra la humanidad que no prescribe. Son reos de la democratización del video, de YouTube, Internet y las Redes Sociales; auxiliares de facto del Derecho Penal Internacional.




Leonardo Silva Beauregard

@LeoSilvaBe

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