sábado, 7 de septiembre de 2013

Franklin Brito: Psiquiatría Comunista y Terrorismo de Estado






El 30 de agosto de 2013 se cumplieron tres años de la muerte del productor  agrícola Franklin Brito cuando se encontraba en reclusión forzada por decisión del Estado en el Hospital Militar, bajo el pretexto de padecer trastornos mentales. 


Brito, un agricultor y terrateniente de modesta importancia, fue despojado de su pequeño lote de tierra con el que mantenía a su familia en virtud de una maniobra del régimen en el año 2003. A partir de ese momento, el humilde y heroico biólogo se declaró en protesta por el reconocimiento de sus derechos, ya que ni siquiera fue indemnizado por el Estado en la expropiación de sus tierras.


Durante cinco años la protesta de Brito por resarcimiento cursó silenciosa con la práctica de cinco huelgas de hambre que le ganaron la atención del régimen y del dictador de Sabaneta, quien públicamente instó a sus subalternos a resolver su situación; solución que –a pesar de múltiples promesas- jamás se dio. Finalmente, los medios opositores prestaron atención a su caso y Brito se tornó en bandera de la oposición.


El ascenso mediático de Brito como emblema de oposición, causó la inmediata reacción del gobierno quien pasó a pretender descalificar su imagen y su petitorio de justicia. El 13 de diciembre de 2009, el incansable luchador fue declarado enfermo mental por las autoridades y recluido forzosamente bajo la tutela del Estado en el Hospital Militar; claramente en una maniobra represiva que recuerda las prácticas de la KGB, la STASI, y la Policía Cubana contra los disidentes políticos. 


Voceros del régimen se dedicaron a intentar degradar la integridad moral y mental de la persona de Franklin Brito. La ofensiva la iniciaron la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quienes declararon que Brito padecía trastornos mentales que afectaban su voluntad y que para protegerlo sería hospitalizado en el Hospital Militar bajo la protección del Estado. 

En una bochornosa maniobra, se editó una grabación en la que el Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras, le preguntaba si Bs 3.000 mil serían suficientes como indemnización por la expropiación de sus tierras, para torcerla aviesamente como prueba de que Brito extorsionaba al gobierno; basándose en el “sí” de un hombre que solo recibiría justa compensación por el despojo, que solamente recibiría lo que era su pleno derecho.




Algunos oficialistas en VTV llegaron a la barbarie de decir que lo de Brito era un chantaje en el que arriesgaba la vida y que en este sentido era un acto suicida. Que en un país democrático como Venezuela “todos tenemos derecho al suicidio” y si esa era su decisión así sería, pero el chantaje jamás sería aceptado. Es sano mencionar que aparte de la depravación por su falsedad, estas palabras muestran la más torcida ignorancia revolucionaria, pues desde la religión hasta el Derecho pasando por la moral, condenan el suicidio. En democracia nadie es libre de suicidarse y por esta razón el suicidio es delito de acuerdo a la Ley Penal, además de pecado según la Ley de Dios.


El hoy difunto y a la sazón diputado Carlos Escarrá, entrevistado por Mario Silva en el canal del Estado, mintió dando muestras del más degenerado cinismo del que era capaz. Además de afirmar que el señor Brito se encontraba internado en situación de privilegio en una amplia suite del hospital en la cual recibía toda clase de atenciones de su anfitrión, dijo que en realidad no seguía huelga de hambre alguna y engullía los más ricos manjares, a menos que se encontraran presentes los medios opositores, momento en el cual, saltaba semidesnudo a la cama y fingía su inanición. Soslayó el deleznable Escarrá que Brito solo pesaba para la fecha 46 kg en un cuerpo de más de 1,90 m de estatura. Pocas semanas después la muerte de Brito desmintió al obeso Escarrá.


Es de mencionar que a lo largo de su “hospitalización” Franklin Brito fue sometido a 9 pruebas psiquiátricas y psicológicas. Todas lo juzgaron absolutamente sano, incluso las de Medicina Forense del CICPC y la Cruz Roja. Solamente una, la del psiquiatra Ángel Riera, director del Hospital Psiquiátrico de Caracas, que ni siquiera fuera juramentado ante el tribunal y que como empleado público -por cierto, en un cargo puramente administrativo- tenía interés personal que pudiera sesgar su opinión, confirmó su enfermedad.



Bajo el régimen de Josef Stalin y posteriormente en el de Nikita Krushev, el sistema de hospitales psiquiátricos rusos que desde 1939 quedó bajo la supervisión de la NKVD (luego KGB) dirigida por el siniestro Laurenti Beria, comenzó a ser utilizado para reprimir la disidencia política. Cientos de disidentes fueron declarados enfermos mentales y sometidos a bárbaros tratamientos que enmascaraban tortura. Así nació el concepto de “esquizofrenia progresiva” que aquejaba al opositor político y se manifestaba con característicos pensamientos paranoides como el “luchar por la libertad y la justicia”. Es notable que en un trabajo de cuestionable valor científico, sin soporte de autoridades científicas de ninguna clase ni bibliografía, el médico sin formación psiquiátrica ni psicológica Erick Rodríguez Miérez propusiera el concepto de “disociación psicótica” (una redundancia en términos siquiátricos, ya que tanto disociación como escisión se refieren a psicosis), puesto que, en concordancia con la psiquiatría soviética, esquizofrenia es una forma de psicosis. También –según este médico- hay coincidencia en los rasgos paranoides de estos “enfermos mentales” de acuerdo a la medicina soviética y la bolivariana. Define entonces el médico Rodríguez Miérez, la “disociación psicótica” como “una conducta perturbada caracterizada, esencialmente, por oponerse al gobierno del presidente Hugo Chávez”. Como en la psiquiatría soviética, la bolivariana esencialmente postula “si deseas un gobierno distinto al nuestro, estás disociado (loco)”. De aquí proviene uno de los términos usados hoy por el oficialismo para descalificar a opositores: disociados.




Cabe hacer notar que Erick Rodríguez Miérez no solamente es militante del partido de gobierno, sino que para el momento detentaba cargo público así como lo ha gozado después en la dictadura en distintas oportunidades, y que se autoproclama “psiquiatra revolucionario”.




No es en absoluto extraña esta resonancia entre la psiquiatría soviética y la bolivariana, sin duda de raíces cubanas esta última. Es bien conocido y documentado que los psiquiatras cubanos al servicio de la policía política desde la década de 1970 por lo menos, tuvieron formación en la STASI, policía política de Alemania Democrática, y en la KDS, su equivalente de Bulgaria. Son innumerables los casos de disidentes políticos y hasta homosexuales cubanos que han sido recluidos forzosamente en psiquiátricos estatales para ser “tratados” con potentes drogas antisicóticas, narcóticas, electroterapia, choques insulínicos, terapias aversivas, trabajos forzados, etc., todas técnicas aprendidas en la Unión Soviética. El caso del cineasta y pintor Nicolás Guillén Landrián es uno de los más famosos.


De manera que el caso de Franklin Brito reviste particular importancia no solamente por la injusticia que representa y por poner en evidencia el abuso de un Estado entonces autocrático y ahora totalitario, sino porque sienta un hito en la historia política de Venezuela cuando por primera vez se han conjugado la Psiquiatría, las Ciencias Médicas, y el poder del Estado para someter al individuo, reprimir la disidencia política por métodos sutilmente distintos a los policiales, ya no creando un delito inexistente, sino creando una enfermedad mental falsa para diagnosticar como enfermos (disociados) a individuos perfectamente normales que solo aspiran a tener un gobierno diferente; enfermedad que justificaría encerrar a opositores en psiquiátricos estatales para ser torturados y eventualmente eliminados... a menos que se “curen”.



Leonardo Silva Beauregard

Twitter: @LeoSilvaBe

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