martes, 10 de septiembre de 2013

Adiós San José.., ¡hola La Haya!




Aunque es un tema que corresponde a juristas, tendré la osadía de abordarlo desde la perspectiva del ciudadano común preocupado con el futuro de sus hijos y el bienestar de sus compatriotas.


El temor se ha mezclado con la indignación cuando al cumplirse un año de la denuncia por parte de la dictadura venezolana de la Convención Americana de Derechos Humanos, la salida de Venezuela del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos se hace inminente. Los venezolanos –casi en su totalidad- se preguntan qué móviles llevaron a un régimen a pretender negarle a su pueblo acceso el amparo de esos derechos inalienables y el resarcimiento por sus violaciones; a dónde podrán acudir para proteger esos derechos básicos de todo ser humano ahora que el régimen oprobioso pretende negarles justicia en la materia; qué clase de violaciones prepara tal régimen contra el pueblo que con su írrita, nula, inconstitucional y contraria a Derecho maniobra –por lo demás muy propia aunque siempre fallida de toda dictadura- pretende sustraerse del sistema de defensa de esos derechos vinculados inexorablemente a la condición humana.




 









Es conocido que el régimen se ha sentido contrariado por reiteradas sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal con sede en San José de Costa Rica. El infame caso de la familia Barrios del estado Aragua; familia que está siendo exterminada por cuerpos de seguridad del Estado de la que ya 9 víctimas han sufrido atentados y 8 han muerto, causó resquemor en la revolución cuando la CIDH ordenó medidas cautelares en favor de los restantes miembros de esta familia que el gobierno dictatorial se ha negado a satisfacer. También es sabido que contra el Estado venezolano están interpuestos diversos litigios en la CIDH cuyo fallo final se estima contrario a los intereses revolucionarios. Tales son los casos, por ejemplo, de Allan Brewer Carías, perseguido bajo la acusación falsa de ser autor del llamado Decreto Carmona. El de los asesinados en Puente Llaguno -según dice la sabia vox populi a manos de cubanos traídos al país para ese propósito, de miembros de la FAN y de militantes revolucionarios bajo órdenes de Tiburón 1- en el que 11 años después no existen otros imputados más que aquellos inocentes que trataron de impedir la masacre, como Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros héroes que hoy son presos políticos, a pesar de que los rostros de los verdaderos culpables quedaron plasmados en imágenes de video que ya toda la humanidad conoce. Y el propio caso de los presos políticos cuyos derechos fundamentales como el de la salud, les han sido violados; incluyendo el particularmente asqueroso y vergonzante de la doctora María Lourdes Afiuni, juez impoluta quien -al negarse a obedecer una orden contraria a derecho provocó la venganza del dictador fallecido, motivada por un lío de faldas, que ordenó públicamente su apresamiento y pronunció sumariamente condena en lo que no puede más que interpretarse como la usurpación del Poder Judicial por el Ejecutivo-, sufrió el peso de todo el poder del Estado, cuyos funcionarios no se contentaron con violar solamente todos sus derechos, sino también la santidad de su cuerpo.


En ciertos casos es clara la violación de Derechos Humanos por parte del Estado, como es el de los presos políticos o el exterminio de ciudadanos por parte de autoridades públicas. En otros no es fácil discernirla. Solo el Estado tiene vocación para violar estos derechos. Y es el Estado, en el ámbito interno, el único garante de los Derechos Humanos de su pueblo. Mas me pregunto, si es el Estado quien garantiza el respeto a los Derechos Humanos, incluido el Derecho a la Vida, y además el único con capacidad de violarlos, ¿cómo debe contemplarse la matanza de venezolanos a manos de un hampa que, o el Estado no tiene la aptitud de controlar, o no tiene interés en controlar, o peor aún, cuyas actividades patrocina?


Puede argumentarse que la inseguridad y en consecuencia, las muertes por ella ocasionadas constituyen una ocurrencia normal en toda sociedad, y que por lo tanto no puede hacerse responsable al Estado por la violación del Derecho a la Vida en esas circunstancias. Es decir, que una tasa de homicidios basal, natural, normal, no puede ser responsabilidad del Estado. Pero ¿acaso no puede considerarse al menos culposamente responsable un Estado que por incapacidad, impericia, negligencia (olvidemos el caso de un Estado que arme círculos, milicias, motorizados, etc. como supuestos luchadores sociales, a los efectos de esta reflexión) no le garantice la vida a sus ciudadanos, vale decir, que viole sus Derechos Humanos?


Sin embargo, ¿cómo determinar si un Estado es negligente o culposamente inepto en su obligación -de carácter penal para sus funcionarios- de salvaguardar el Derecho a la Vida de su población? La respuesta está en las Ciencias, en la Matemática, en la Estadística. El análisis estadístico demostrará fehacientemente, sin lugar a dudas, si el número de muertes de una determinada sociedad es normal; y una vez determinada la anormalidad de las cifras, se puede pasar a estudiar bajo otras disciplinas científicas, como la Sociología, la Criminología, y el Derecho,  las causas últimas de las desviaciones anómalas observadas.


Si tal como sucede en el caso Venezuela, país que no está en guerra, se observan cifras de mortalidad por homicidio que superan en un orden de magnitud las de todas las naciones del mundo, se debe inferir que ese Estado no está garantizando el Derecho a la Vida, y en consecuencia, viola Derechos Humanos. Si se analizan las cifras de la región y se constata que las cifras de Venezuela superan multiplicadas las de otras naciones no solo de la misma zona geográfica, sino de culturas parecidas, se puede concluir que el gobierno viola el Derecho a la Vida. Si se estudian tendencias en países vecinos y se observa que la mortalidad por homicidios registra curva descendente en los últimos 14 años mientras que en Venezuela es escandalosamente ascendente, se debe colegir que el régimen viola Derechos Humanos. (No comentaré las violaciones por muerte de pacientes fallecidos en hospitales públicos por falta de dotación de recursos).




Y es que esta es la realidad venezolana. La tasa de homicidios de Venezuela –para cuya estimación el Estado venezolano cesó de suministrar datos hace dos años- actualmente se ubica en alrededor de 70 por cada cien mil habitantes, para colocarse como tercera tasa más alta del mundo. Pero examinemos la última oficial disponible: para 2010 la tasa alcanzaba 57 por cada cien mil; mientras que el promedio para América del Sur era de 20; la de Colombia, país en guerra, era de 31 hasta donde descendió desde 64 en 2000, al mismo tiempo que la de Venezuela, país en paz revolucionaria, ascendía desde 33 en el mismo año; las tasas de México 15, Brasil 23 y Ecuador 19, son inferiores a la mitad (no consideremos la de Chile de solo 3,7). Haciendo la salvedad de que las cifras anteriores disminuyeron para los mismos países en los años subsiguientes mientras que la de Venezuela se incrementó, es evidente que la situación venezolana es anómala y sugiere cuando menos la ineptitud culposa del Estado para proteger los derechos de sus nacionales; máxime si se considera que la cifra de homicidios se cuadruplicó desde 1999 (4.558 homicidios; tasa de 25 por cien mil), en el mismo período en que la población solo creció 30%, hasta 2012 (21.300 homicidios; tasa de 70 por cien mil; aumento de 370% en las cifras totales). Desde la perspectiva señalada, es cuando menos discutible que el Estado venezolano ha violado Derechos Humanos en los últimos 14 años solamente en esta área. ¿Será este uno de los móviles para pretender sustraerse de la CADH?


No obstante, veo la pretensión del gobierno dictatorial poco menos que fútil. Los Derechos Humanos son inalienables e irrenunciables. En este sentido -y apartando el hecho de que la adhesión al sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene rango constitucional- ni el individuo ni el pueblo pueden renunciar a su amparo. Me explico: sería absolutamente nula, por ejemplo, la decisión del pueblo de renunciar por referéndum en materia de estos derechos. Si un solo individuo no puede renunciar a su Derecho a la Vida, tampoco lo pueden hacer el 100% de los individuos. Si el pueblo no tiene derecho a renunciar al acceso a la justicia de Derechos Humanos, menos puede el Estado negarle ese derecho al pueblo.


Todos los venezolanos conocemos que la decisión de retirar al país de la CADH viola la Constitución Nacional que les garantiza esa jurisdicción expresamente en su texto, de manera que no es el objeto del presente tratar ese ángulo del problema. 


Pero la protección de Derechos Humanos y las normas constitucionales que la mandan y garantizan, existen para proteger al individuo precisamente del Estado; por lo tanto mal puede el Estado pretender negarle al individuo y al pueblo esta protección u obstaculizarla, como es en efecto el caso venezolano. Esta conducta absurda, contraria a toda lógica además de al Derecho, equivale a que el delincuente asesino declare que no cree o confía en la policía (CICPC), Fiscalía y los tribunales ordinarios para conocer su caso, de cuyas jurisdicciones decide sustraerse para continuar cometiendo sus delitos, y negarle además, justicia a las víctimas de sus crímenes. El Estado (el reo) no puede ni debe tener la potestad de negarle al pueblo (su víctima) acceso a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales, ni la de ningún derecho.


De manera que la retirada de Venezuela de la CIDH es nula, y nula es también en cuanto a sus efectos, que no irán más allá de entorpecer el acceso a la justicia a sus nacionales. Aun cuando la CIDH se tornare inaccesible, siempre habrá caminos alternos y otras jurisdicciones aptas para la defensa de estos derechos. Por ejemplo, las jurisdicciones de otros países como los europeos o EEUU, siempre serán accesibles a los lesionados; y las condenas de esos tribunales contra el Estado venezolano serán verificables con la ejecución de sus bienes en el exterior, como es el caso de refinerías, CITGO, y otros bienes en el extranjero.


Además, el Derecho Internacional otorga la potestad a organismos internacionales y otros países extranjeros de intervenir, incluso militarmente, en el territorio de naciones cuyos gobiernos se encuentren en violación de los Derechos Humanos de la ciudadanía. Sin embargo, esta materia escapa al objeto del presente artículo.


Las maniobras de un gobierno para escapar a la justicia de Derechos Humanos; de un gobierno herido de ilegitimidad cuya base popular se ha erosionado dramática y patentemente, que tan solo 5 meses atrás quedó en evidencia ante el mundo como dictadura con la comisión de un fraude electoral masivo e impúdico (que –por cierto- es violación de Derechos Humanos); no puede más que despertar –por lo menos- la suspicacia de las demás naciones y de su pueblo. De forma que, si queda demostrado que su salida de la CADH es inoficiosa ya que no surte verdaderos efectos prácticos de relevancia, no se puede más que llegar a la conclusión de que es un síntoma más de la extrema debilidad de ese régimen y de que es el gran perdedor en la operación. Y de que el pueblo atropellado, como víctima que es ante la civilización, es el gran ganador como consecuencia de semejante desmán.



















Con respecto a la responsabilidad penal por violación de Derechos Humanos, creo innecesario recordarles a los funcionarios revolucionarios, militares incluidos, que esta es inescapable, imperecedera e imprescriptible; que ni retirándose de la ONU, de la Corte Intergaláctica, o denunciando el Estatuto de Roma se salvarán de la Espada de la Justicia. Que la responsabilidad por los crímenes ya cometidos y los que planifican cometer, no existe poder en el Universo que la exonere. Que independientemente de la decisión del Juez Supremo en el Juicio Final, tendrán una cita ante la justicia de los hombres –y esto pueden consultarlo con Fujimori, Noriega, Pinochet, Saddam Hussein, o Milosevic, quienes también se sintieron todopoderosos un día- quizás ya no en la CIDH de San José, pero sí seguramente en la Corte Penal Internacional de La Haya.


Así que es posible que los tiranos se sientan aliviados diciendo “adiós” a San José, pero es saludable que consideren ir  ensayando un “hola” a La Haya.



Leonardo Silva Beauregard

Twitter: @LeoSilvaBe

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