martes, 2 de octubre de 2012

Derechos Inhumanos




Desde que el gobierno revolucionario decidió su retiro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos Venezuela ha visto con angustia esta violación de los derechos más elementales de sus ciudadanos. He escuchado múltiples argumentos críticos de esta medida a todas luces violatoria de los principios que rigen el Derecho Público positivo desde hace unos 250 años. Sin embargo, no he tenido oportunidad de oír ni leer lo que para mi poca ilustrada opinión es el más elemental alegato en defensa de los derechos del pueblo venezolano ante este acto del régimen: su irrenunciabilidad.

Es cierto que viola la norma constitucional que le garantiza al ciudadano el goce en esta materia. Pero aún si la Constitución no la contemplare, de todas formas el pueblo gozaría de tal protección pues es norma de carácter supraconstitucional, además, del ámbito del Derecho Internacional Público y del Derecho Natural: todo Humano, por la simple condición de serlo, de haber nacido, goza de estos derechos irrenunciables; es principio de Derecho. Tan cierto es esto que si un país sustraído del sistema internacional de justicia viola Derechos Humanos, la comunidad internacional -por medio de sus organismos competentes- tiene, no sólo el derecho, sino la obligación de intervenir.

Además, el mecanismo adoptado por el régimen es contrario a las normas del punto de vista formal, del Derecho Adjetivo. El procedimiento ordenado para la denuncia de un tratado internacional de cualquier índole que sea parte del Derecho Interno, no es una carta de un ministerio, una resolución ministerial, ni si quiera un decreto presidencial. Los demás poderes públicos, la Asamblea Nacional y el TSJ, deben conocer y decidir sobre la materia.



También se han analizado las consecuencias y sobre todo, contradicciones que esta salida representaría con respecto a la participación de Venezuela en la OEA, cuya Carta Democrática sería vulnerada. Y en la entrada del país en MERCOSUR, cuyos estatutos exigen el cumplimiento de esta carta; y que requieren que un Estado miembro satisfaga la protección de Derechos Humanos. Y ni hablar de que muchos líderes izquierdistas de de esos países socios de la revolución fueron protegidos de las terribles dictaduras del continente por esa misma CIDH. Pero la contradicción ha sido una constante de esta revolución. Los cerebros revolucionarios obran por caminos misteriosos.

Existe un absurdo en esta decisión que el régimen define “soberana”. El bien protegido corresponde a la potencial víctima de este tipo de delitos: el pueblo; que es amparado de los excesos del eventual agente, el reo: el Estado. Pero resulta que ese Estado, el delincuente, invocando falsamente los derechos “soberanos” -la tan trillada “soberanía”- de ese pueblo, ¡del agraviado!, es quien solicita la salida del sistema de defensa de estos derechos. No sé que es más absurdo, si el argumento del gobierno, o la aceptación de parte de un porcentaje de la población de semejante atropello. Es el victimario el que pretende negarle justicia a la víctima. El asesino al asesinado. ¡¿”Soberana”?! ¡Soberana perra gana! ¡Soberana violación! ¡Soberana barbarie! ¡Soberana desfachatez!

Por si fuera poco, la decisión plantea un absurdo hasta de carácter filosófico: si los Derechos Humanos son irrenunciables, también lo son todos sus accesorios como lo es la justicia relativa a ellos. En este sentido he contemplado atónito a diversos juristas hablar de la necesidad de un referéndum para que el pueblo decida sobre esta salida. Pienso que ni que el 200% de los electores vote en favor de ella, tiene derecho un pueblo a renunciar a estos derechos. Ningún ser humano tiene derecho a renunciar a su Derecho a la Vida, por ejemplo. Y si lo hace, tal decisión es nula. En consecuencia, una decisión favorable a esta salida por referéndum, sería nula.

No logro entender el objetivo de una decisión que -en cuanto a Derecho- es nula. No existe funcionario que escape a ser sometido a la Justicia Internacional Penal, ni que renuncie a la convención que renuncie; ni que se mude de galaxia. No hay escapatoria a la aplicación de justicia en materia de Derechos Humanos a estas alturas del desarrollo de la Civilización. Sólo veo posible la evasión del pago de resarcimiento pecuniario por parte del Estado a sus víctimas, y aún así, existirá la posibilidad de acudir a otras jurisdicciones a estos efectos y a cobrarse con bienes del Estado venezolano fuera del territorio nacional.

No conozco tirano que no haya invocado al pueblo y su soberanía para salvaguardar sus propios intereses egoístas. Soberana dictadura.



Leonardo Silva Beauregard

Twitter: @LeoSilvaBe

No hay comentarios:

Publicar un comentario